Este 20 de febrero la página de Enlace Zapatista publicó un comunicado informando del asesinato de Samir Flores, opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), y delegado “desde hace muchos años” ante el Congreso Nacional Indígena. Samir Flores, miembro del Frente en Defensa de la Tierra y del Agua, era fundador de la radio comunitaria Amiltzinko, padre de cuatro niños, y activo promotor de cultivos orgánicos.
El mismo día del asesinato, el Presidente Manuel López Obrador lamentó el crimen, pero aseguró que no suspendería la consulta, programada para el fin de semana (23 y 24 de febrero), acerca de la puesta en marcha de la termoeléctrica de Huexca, una de las partes centrales del PIM.
Una breve revisión de prensa indica que el proyecto fue aprobado por las Secretarías de Energía (SENER) y Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en 2009, sin someterse a consulta, ni notificar siquiera a las poblaciones que serían afectadas por su construcción. Dicha construcción comenzó en 2010, y pronto provocó inconformidad. El PIM consistiría en:
- Dos centrales termoeléctricas ubicadas en la comunidad de Huexca, Morelos
- Un gasoducto de 160 kilómetros para transportar 9 mil millones de litros de gas natural diarios, que atravesaría Tlaxcala, Puebla y Morelos
- La instalación de una línea eléctrica de 20 kilómetros a la subestación de Yautepec.
- Un acueducto desde el municipio de Ayala a Huexca, con una longitud de 12 kilómetros, con el que se pretende dotar de 50 millones de litros de agua diarios a la termoeléctrica.
El PIM también contempla la ampliación y construcción de autopistas, la rehabilitación de vías férreas, así como la ampliación de dos corredores industriales ya existentes. Si bien la termoeléctrica de Huexca es propiedad de la CFE, fue concesionada a las empresas españolas ELECNOR y ANAGAS y a la empresa italiana BONATTI para la construcción del gasoducto, y ABENGOA, para los trabajos y la operación de las termoeléctricas.
A pesar de la escasa información que caracterizó en todo momento la construcción del gasoducto y la termoeléctrica, los pobladores de las más de 60 comunidades campesinas afectadas, consideran que no se evaluó adecuadamente el impacto ambiental que tendrá en su calidad de vida. A los habitantes de Morelos les preocupa el probable desabasto de agua, así como la contaminación de la que se usará en la termoeléctrica, mientras que a las poblaciones de Puebla y Tlaxcala les alarma el incremento del riesgo en que viven, al colocar un gasoducto no solamente en zona sísmica, sino en las faldas de un volcán activo: el Popocatépetl. (Información publicada en: ADNPolítico; Grieta, medio para armar, El País, entre otros).
A lo largo de los diez años que han transcurrido desde que se aprobó el PIM, la construcción de diversas etapas del mismo han sido suspendidas en distintas ocasiones, ya sea por procedimientos de amparo que interpusieron algunos ejidos de poblaciones afectadas, o directamente por la movilización y bloqueo de caminos para impedir las obras, en otros casos. Las amenazas, golpes y encarcelamiento de los opositores se repitieron. También fue creciendo la vinculación de los afectados en redes de resistencia.
Al mismo tiempo, algunos miembros de la clase política eventualmente mostraron un tibio apoyo a los opositores, incluyendo, entre otros, al entonces Senador Manuel Bartlett Díaz, quien en abril de 2014 propuso al Senado que expresara en un punto de acuerdo su preocupación por los impactos sociales y medioambientales que provocaría el PIM. Fue rechazado. En mayo de 2014, el entonces dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, prometió que apoyaría a los habitantes para que no se construyera la termoeléctrica, y calificó de agravio que quisieran imponerla.
La resistencia se organiza fundamentalmente en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala; y en la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos. Todas sus formas de lucha son pacíficas, mientras que la respuesta del Estado es violenta. También en mayo de 2014, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, escribía:
“(…) se han encargado de difundir, a través de operadores e instituciones (CFE, SEMARNAT, diputados, senadores, presidentes municipales, entre otros), la idea de que el progreso y el desarrollo llegará a nuestros pueblos si aceptamos el proyecto. De que a cambio de vender la tierra va haber más despensas, carreteras, escuelas, alumbrado público, proyectos productivos y programas.
La CFE plantea un contrato de “renta” que va de 25 a 30 años, pagando de 150 a 300 pesos el metro cuadrado. Este contrato comprende el uso de 10 metros de ancho para la instalación del ducto –el largo depende de la extensión que ocupe el gasoducto en el terreno afectado. Lo que no dice la CFE es que en realidad se trata de un contrato de compraventa que no sólo abarca los 10 metros de ancho, pues la propia normatividad de la paraestatal establece un paso de servidumbre que comprende un total de 15 metros por cada lado. Además, la reglamentación de “seguridad” impide sembrar y construir a no menos de 30 y 500 metros respectivamente de cada lado del ducto.
La CFE no toma en cuenta a la población y se presenta como una industria de desarrollo y progreso, pero nosotros sabemos que este tipo de progreso y desarrollo es el que desde siempre han prometido y del que solo somos parte al momento de perder la tierra y la seguridad de nuestras familias. El desarrollo que plantean es el sinónimo del despojo y la explotación de nuestro trabajo y nuestra gente. (…) Ante esta situación, las comunidades hemos respondido con organización y trabajo: mediante asambleas comunitarias donde se discuten los riesgos y problemas que provocaría dicho proyecto, los pueblos se pronuncian en contra del PIM. (…) Además, a través de la construcción de medios de comunicación autónomos como las radios comunitarias, campañas informativas de concientización a través del arte, la cultura y la historia es como se fortalece la conciencia de los pueblos sobre la importancia de la tierra y la unidad del trabajo organizado.
Pero cuando el gobierno ve que su mentira no funciona comienza una serie de acciones que tienen como objetivo principal provocar la desorganización del trabajo colectivo. Comienza con la compra de conciencias, la división en los pueblos, el hostigamiento y el encarcelamiento de nuestros compañeros.” (Grieta, medio para armar)
Pese a la propaganda oficialista que oculta datos no favorables al proyecto, las organizaciones en resistencia han logrado demostrar que los habitantes de los tres estados se verán afectados de diversas maneras. En marzo de 2018 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la SEMARNAT, a la CFE y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) por violaciones a los derechos a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada para pueblos y comunidades indígenas.
Sin embargo, en febrero de este año el conflicto comenzó a escalar en Morelos. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el 6 de febrero que el proyecto se sometería a consulta, luego de reconocer que los derechos de las comunidades fueron atropellados, que hubo represión, y campesinos presos (“Lo hicieron los gobiernos anteriores, muy mal. Ahora se quejan los expresidentes, pero que culpa tengo yo de la manera en que procedieron”), pero que había que considerar la inversión hecha por la CFE de 25 mil millones de pesos. Grupos civiles, investigadores universitarios y Jorge Zapata, nieto del general Emiliano Zapata, ratificaron su rechazo a la puesta en operación de la Planta Termoeléctrica de Morelos y consideran que la consulta ciudadana que propone el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para resolver el conflicto social está “amañada” porque, dicen, no cuenta con la participación de instituciones electorales, personal capacitado, boletas foliadas y una organización formal. (Información de El Universal y Proceso)
El 10 de febrero, al término de la visita de AMLO a Cuautla, el Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno se pronunció enérgicamente contra el Proyecto Integral Morelos y la consulta ciudadana simulada del 23 y 24 de febrero:
“Estas consultas están hechas a modo para concretar el despojo y llevar la muerte a nuestros territorios…Suplantan la voluntad de los pueblos, diluyéndola en una presunta consulta amplia y ciudadana, como si la voluntad de los dueños, poseedores y guardianes del territorio no valiera…Es racista y clasista porque no toma en cuenta los modos y formas propias de toma de decisiones de los pueblos indígenas, campesinos y organizaciones populares…Es invasora, porque son los pueblos originarios, ejidos y comunidades directamente afectadas, las que en el ámbito de su autonomía y libre determinación pueden decidir con legitimidad y legalidad el destino de su territorio…Es represora porque pone en una situación muy vulnerable y desventajosa a los legítimos y originarios moradores del territorio.”
El 11 de febrero el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua había advertido que las declaraciones del presidente de México “en apoyo a la termoeléctrica y el discurso de descalificación y odio que realizó en Cuautla contra los defensores de la tierra y el agua (…) podrían generar mayor violencia”, por lo que le solicitaron que reconsiderara su posición y lo invitaron a dialogar para que conociera el clima de hostilidad que ha generado el PIM. En correspondencia con esta actitud, Samir Flores asistió al foro informativo que el superdelegado de Morelos, Hugo Erik Flores, realizó en Jonacatepec, en donde le cuestionaron algunas aseveraciones sobre la termoeléctrica en Huexca y el PIM. Al día siguiente sería asesinado.
Realizada la consulta en un ambiente que el presidente calificó de “polarizado”, la mayoría de los medios enfatizaron los resultados: ganó el “sí” que aprueba al arranque de la termoeléctrica, con un 59.5% de los votos a favor y 40.1% en contra (datos de Proceso, del 25 de febrero). López Obrador reconoce que aún hay que enfrentar los impedimentos legales que representan los amparos ganados por ejidatarios. Si bien se destacó la falta de participación en la consulta, pocos medios (link) destacaron las cifras: “55.000 personas de un censo que roza el millón y medio de votantes” aseguró el 25 de febrero el diario español El País. Esto significa apenas poco más del 3 y medio por ciento del padrón. Y el rechazo a la consulta fue activo: marchas, distribución de información, mítines, en algún caso quema de urnas, quizá a esto se refería el presidente con “ambiente polarizado”.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, asegura que la votación fue una burla a la voluntad de los pueblos afectados por el megaproyecto, pues de éstos, los que votaron, lo hicieron abrumadoramente por el no, y fue la población externa al proyecto la que sustituyó la decisión de las comunidades.
“Falta que puedan retirar el campamento zapatista de Apatlaco, falta que callen a los pueblos zapatistas de Morelos, Puebla y Tlaxcala que históricamente no se han callado cuando el Gobierno los traiciona, falta la respuesta de los pueblos indígenas, organizaciones y personas que en todo el país ven que la injusticia que se está cometiendo en el PIM se puede cometer en sus pueblos y que están indignados por la muerte de nuestro compañero Samir”. (El Financiero del 25 de febrero).
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